Un millar de jóvenes de Dinamarca, menores muchos de ellos, se enfrentan a una medida judicial ejemplarizante que quiere ser un aviso para frenar la tendencia a compartir en las redes sociales vídeos sexuales de terceras personas, en especial de menores.

Un total de 1.004 jóvenes, residentes en once de los doce distritos del país, serán imputados por la Fiscalía danesa por haber compartido imágenes en las que pueden verse a dos personas, que tenían quince años en el momento de la grabación, manteniendo relaciones sexuales. Se trata de dos vídeos y una fotografía, según informó la policía del país nórdico, y su difusión puede constituir una violación de la ley que castiga la distribución de pornografía infantil.

Los acusados utilizaron Messenger, el servicio de mensajería instantánea de la red social Facebook, para que las imágenes ofensivas llegaran a sus contactos. Algunos las compartieron un par de veces; otros lo hicieron hasta cientos de veces.

Las alarmas saltaron en la red social Facebook cuando este vídeo empezó a ser compartir de formar frecuente en el servicio de mensajería el pasado otoño. Una vez detectado, la red social avisó a las autoridades estadounidenses, quienes, a su vez, comunicaron la irregularidad a la Oficina Europea de Policía (Europol).

«Es un caso muy grande y complejo que ha llevado tiempo investigar, no menos por la gran cantidad de imputados. Lo hemos tomado muy en serio, ya que tiene graves consecuencias para los involucrados difundir ese tipo de material», señaló en un comunicado Lau Thygesen, inspector de la policía del norte de Selandia.

La distribución de material sexual que implica menores es un delito que podría ser castigado con multas y una posible pena de prisión condicional de 20 días. La fiscalía estudiará cada caso de forma individual para determinar la pena solicitada, que dependerá de factores como la edad del imputado y el número de veces que haya compartido las imágenes.

Además, la policía advirtió de que una condena por un delito contra menores figuraría al menos diez años en los antecedentes penales de cada persona y la incapacitaría, por ejemplo, para trabajar como pedagogo, entrenador de fútbol o profesor y podría generar problemas para entrar en países como EE.UU.

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