Las empresas de telecomunicaciones en la República Dominicana reiteraron este lunes su rechazo y mostraron su preocupación por la propuesta legislativa aprobada por el Senado en busca de financiar el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1).

Las telefónicas Claro, Orange, Tricom, Viva y Wind, a través de un comunicado publicado en el periódico impreso, indican las razones en la que sustentan la nueva ley: Los servicios de telecomunicaciones están altamente gravadoS en el país; de cada RD$100 de la factura telefónica RD$30 son entregados al gobierno; tan solo en el 2016, el Estado recibió más de RD$22,000 millones provenientes de los clientes y de las empresas del sector, según el comunicado.

También plantean que la República Dominicana es el segundo país con más carga impositiva a los servicios de telecomunicaciones de la región.

Apuntan que la nueva Ley pretende gravar cada minuto de las llamadas de larga distancia realizadas desde el extranjero a números móviles y fijos en la República Dominicana, con tasas que representan más del 45% y 75%, respectivamente, de los precios de terminación del minuto de dichas llamadas internacionales entrantes.

Aseguran que de aplicarse ese impuesto, tanto los dominicanos que viven en el extranjero como los dominicanos que llaman a sus familiares, según el comunicado, se verán impactados por un efecto cadena, advirtiendo que si se agrega este impuesto, esto representaría un aumento de inmediato en el precio de la llamada del dominicano que vive en Estados Unidos y que llama a los familiares a la República Dominicana, esto así, según las telefónicas, los carriers al recibir el aumento de precios los traspasarían al precio por minuto que paga el ciudadano que está en el extranjero.

Dichas empresas internacionales subirán el precio de terminación de las llamadas a las empresas telefónicas en la República Dominicana, lo que implica un cambio en los precios y beneficios de las llamadas de larga distancia internacional para los ciudadanos en el país, indica el comunicado.

Otras de las razones argumentadas por la telefónicas es que la nueva Ley también pretende gravar con una tasa US$0.0025 los mensajes de texto cortos (SMS o mini mensajes) que se reciben en el país.

Agrega que en otros países la imposición de este tipo de medidas ha generado una disminución significativa del tráfico de llamadas de la distancia internacional y de las recaudaciones. Señalan a El Salvador, Ghana, Ruanda, Tanzania y Pakistán con reducciones del tráfico desde un 26% hasta 53%.

Las telefónicas en la República Dominicana consideran que se desea financiar el sistema 9-1-1 con una fuente de ingresos que resulta insostenible, indicando que está basada en información incorrecta. Explican que el mercado de larga distancia internacional viene decreciendo desde hace 5 años, y que al disminuir los ingresos netos del sector, disminuyen la entrada de divisas al país; recaudaciones de impuestos Sobre la Renta y la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT).

Precisan que al contar con menos recursos, el sector reduce sus planes de desarrollo en plataformas tecnológicas, la penetración de los servicios de las telecomunicaciones, la contribución al programa República Digital y la inversión en innovación tecnológicas.

Consideran, además, que disminuye la inversión extranjera, la contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y se limitaría el financiamiento para desarrollar proyectos a futuros.

En el comunicado firmado por Claro, Orange, Tricom, Viva y Wind las empresas consideran que el sistema antifraude que contempla la ley es innecesario, y supuestamente atenta contra la privacidad de los datos de los clientes. Añaden que las empresas de telecomunicación disponen de sistemas que activan alertas que previenen el fraude por parte de terceros, así como de personal dedicado a este tipo de funciones.

Concluyen indicando: Nuestro sector se ha caracterizado por el fiel complimiento a las leyes y regulaciones vigentes para su operación, además de los aportes a la sociedad y al desarrollo del país. Tan solo al sistema 9-1-1, hemos aportado más de RD$260 millones para su puesta el funcionamiento y mantenimiento, así como alrededor de RD$20 millones en las llamadas que generan nuestros clientes de forma gratuita.

Concluyen señalando que de aprobarse el impuesto que contempla el proyecto de Ley 9-1-1, tendrá un impacto negativo tanto para los usuarios de telecomunicaciones como para el Estado.

Apuntan que confían en la Cámara de Diputados y en el Poder Ejecutivo para que ponderen dicho impacto, según los datos publicados.

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