congresoLa disputa entre comerciantes importadores, empresas de envíos expresos (courier) y consumidores por la liberación de pago de impuestos aduanales a mercancías por debajo de los 200 dólares fue llevada ayer al Congreso Nacional, adonde acudieron las partes interesadas.

El motivo que los juntó en el salón de la Asamblea Nacional fue la disposición de un proyecto de ley del diputado perredeísta por La Vega,  Elpidio Infante,  para regular los despachos de envíos.

La Comisión  de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, que dirige  Alberto Atallah, escuchó a miembros y directivos de asociaciones comerciales e industriales y de la Asociación Dominicana de Courier.

Los primeros alegan que de mantener  la exención de impuestos, otorgada por el decreto 402-05 del poder ejecutivo, lejos de contribuir a la transparencia, legitima y propicia la informalidad y la competencia desleal.

“El mantenimiento de esta exención, solo cuando se realiza vía envíos expresos, atenta contra la competencia leal dentro del comercio de nuestro país, pues esta establece ventaja anticompetitiva a favor de los comercios e industrias establecidas en el exterior”, dijo este sector, que estuvo representado, por Ernesto Martínez, Luis Rivas, Pedro Pérez  Antonio Ramos, Yuri Che y Carlos Guzmán, entre otros empresarios.

Dicen que a esas empresas no se les cobra aranceles, impuestos selectivos al consumo e ITBIS, en detrimento de las industrias y el comercio criollo que si están obligados a pagar todos los impuestos. Dicen que la importación de un mismo producto debe tener el mismo tratamiento tributario, independientemente de la vía utilizada para adquirirlo.

A favor
En el otro lado, estaban las abogadas Laura Castallanos. Elka Scheker y Jorge Merete, entre otros directivos de la Asociación de Courier, quienes alegan que esta “facilidad” es una normativa resultado de la implementación del DR-Cafta, tratado que el país firmó y requería mantener los niveles de aperturas.

Dicen que este es uno de los pocos beneficios de ese tratado que va directamemente al consumidor, por lo que el país no puede volver a los niveles proteccionistas para que el consumidor solo pueda comprar.

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