Las prestadoras de servicios telefónicos destacaron ayer en el Senado la importancia del Sistema de Seguridad 9-1-1, pero objetaron el impuesto de apoyo que pagarían los dominicanos residentes en el exterior y, en menor medida y a la larga, los que viven aquí.
Los representantes de Claro, Robinson Peña, y de Wind Telecom, Félix Jáquez, entre otros, se reunieron con los miembros de la comisión de Interior y Policía, que preside el senador Adriano Sánchez Roa, para tratar el proyecto, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados.
La defensa de la pieza estuvo a cargo de representantes del Ministerio de la Presidencia, Marisol Castillo, Xenia García y Charlotte Veladi.
El representante de Claro, recordó que la posición del sector que representa ya es conocida, “pero estamos escuchando lo que el Gobierno tiene que decir”.
Tras señalar que el Sistema 9-1-1 necesita recursos, Peña dijo que el sector privado de las telecomunicaciones está en disposición de cooperar.
Por su lado, Jáquez, de Wind Telecom, dijo que “el proyecto de por sí es una necesidad nacional. Todos sabemos que el 911 debe mantenerse operando”.
Desacuerdo. “La parte en que las prestadoras no estamos de acuerdo es en la forma en que se está gravando la diáspora dominicana en Estados Unidos”, significó el funcionario de Wind Telecom.
“Básicamente, están diciendo a los dominicanos en el exterior que paguen un impuesto para que nosotros tengamos el 9-1-1”, dijo.
“En la práctica, también tenemos un mercado que ya está en franca desaparición”, sostuvo Jáquez, por lo que consideró la solución como un “parche”.
Afirmó que en uno o dos años ese “parche” ya no será una fuente de financiamiento para el 9-1-1.
Sobre el particular, el senador Sánchez Roa manifestó que según esos representantes, el gravamen no lo pagará el usuario dominicano ni tampoco las telefónicas de aquí.
Explicó que de aprobarse el gravamen, cada vez que un dominicano residente en Estados Unidos llama al país debe pagar por su llamada, y la prestadora que le da el servicio en territorio norteamericano paga a la empresa dominicana por la llamada.
Lo que se procura es que a ese cargo que entra se le ponga un impuesto adicional que supone casi el 100% de lo que es el gravamen.
Tras señalar que con el impuesto se aspira a unos US$100 millones, Jáquez dijo que si se contrasta con datos reales está muy lejos de lo que van a lograr y con el tiempo desaparecerá.

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