Los  ruidos molestosos por la instalación de centros de diversión imporvisados predominan entres las denuncias que recibe el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1 y la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde diferentes barrios y sectores del Gran Santo Domingo.

En un año y seis meses, el 9-1-1 ha recibido 157,884 denuncias por ruido, de las cuales 144,825 corresponden a ruidos por música, 11,359 a ruidos provocados por equipos y organismos y 1,710 a ruidos por construcción.

En tanto, alrededor de 10,000 casos que son procesados en la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y  Recursos Naturales, 90 por ciento corresponde a ruidos, principalmente provenientes de colmadones y vehículos en tránsito con música a alto volumen.

De acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de  la Presidencia, 91.7 % de las denuncias corresponde a los ruidos que provocan los centros de diversión, como el denunciado por los residentes en el Ensanche Piantini y publicado en la edición de ayer de Listín Diario.

Las cifras del 9-1-1 corresponden al período enero del 2015 a julio de 2016, tiempo que lleva funcionando ese departamento del 9-1-1 creado, exclusivamente, para recibir denuncias de molestias por ruidos.

En su edición de ayer, Listín Diario publicó el contenido de una carta en la que 8 juntas de vecinos del sector Piantini elevan su voz de protesta por las molestias que les causa la instalación de un centro de expendio de bebidas alcohólicas que, además de ruidos, genera otros tipos de molestias en el sector.

La comunicación señala que durante meses cada caída de la tarde las molestias y ruidos se han adueñado del vecindario, generando escándalos e incomodidad en las puertas de cada residencia.

Procuraduría de Medio Ambiente
De esa cantidad recibida, al día de hoy, solo en la jurisdicción del Distrito Nacional, 95 por ciento corresponde a ruidos generados por música a alto volumen.

Así lo informó el procurador general de esa entidad, José Espinal Beato, quien dijo que entre las sanciones que conlleva el llevar intranquilidad a la población con los ruidos está el pago de una multa de hasta 15 salarios mínimos.

Los equipos incautados son llevados a la Procuraduría Especializada, ubicada en la tercera planta del edificio viejo de la Procuraduría General de la República, en el Centro de Los Héroes, y a un local que tiene el ministerio público, ubicado en la calle Summer Wells, del sector de Villa Juana de la capital.

Incautación
La incautación de equipos de sonido a personas y establecimientos por contaminación sónica se realiza bajo el amparo de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley 287-04, que regula las Prohibiciones, Sanciones, Control y Excepciones de Ruidos Nocivos, según los horarios y decibeles permitidos.

Con la destrucción de los equipos, las autoridades evitan que los mismos regresen a las manos de personas que irrespetan el derecho de los demás a descansar, considerando que de nada vale realizar las incautaciones, si posteriormente los artículos vuelven a estar disponibles en las calles.

La contaminación acústica ocasiona cambios en la conducta humana, como son irritabilidad, cansancio, estrés, falta de concentración, falta de sueño y relajación, bajo rendimiento académico y profesional.

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RECEPCIÓN DE DENUNCIAS

Cuando la Procuraduría de Medio Ambiente recibe una denuncia de ruido de los colmadones, se traslada al lugar para comprobar si hay música a altos niveles, y de ser así procede a incautar los equipos que generan el ruido, específicamente las bocinas en sentido general.

Ya posteriormente, cuando se remite la actuación de la Policía y del ministerio público, se procede a abrir un expediente, donde se le puede solicitar hasta medida de coerción a los propietarios de los negocios o el administrador.

También se llega a una resolución alterna de conflicto en los casos donde el negocio requiere algunas readecuaciones, cuya disposición está establecida en el Código Procesal Penal, así como el juicio penal abreviado y la suspensión provisional del procedimiento.

En varias de estas alternativas conlleva el decomiso de parte de los objetos, con lo cual se procura disminuir los niveles de ruidos y el pago de sanciones por medio del daño causado.

También se citan los administradores y propietarios de los negocios cuando se produce una denuncia, donde además se le remite acta de advertencia para ir preparando el escenario en caso de que no cumplan con la disposición.

Igualmente se le da una charla directamente por cada uno de los fiscales que reciben los casos de ruidos de los colmados, quienes se sientan con el propietario o administrador de manera personalizada.

Mientras que los infractores que andan en vehículos se les imparte una charla sobre ruido dos días a la semana, específicamente los martes y jueves.

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