Cuando el senador estadounidense Lamar Smith retiró el proyecto de ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y con su hermana menor, PIPA (Protect IP Act) igualmente en la congeladora, el Internet pareció tomar un momento de respiro. Sin embargo, el entusiasmo podría olvidarse muy pronto: existe un tratado internacional llamado ACTA que se ha estado preparando por lo menos desde 2008, y cuyas consecuencias, de aprobarse en unos días, podrían ser desastrosas.

¿Qué es ACTA?

ACTA son las siglas de Anti-Counterfeiting Trade Agreement o Acuerdo Comercial contra la Falsificación. Al igual que ocurrió con SOPA, el espíritu de este tratado parece positivo a primera vista: su objetivo es crear un marco legal para la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. La “falsificación” que pretende prevenir (aunque como veremos, “falsificar” es una palabra que no concuerda con el funcionamiento del Internet) no se limita a software, también abarca bienes físicos, productos, marcas registradas e incluso medicinas.

ACTA es un proyecto para prevenir el contrabando ilegal de propiedad intelectual y física (como medicamentos controlados) a nivel global; la Unión Europea podría dar luz verde al proyecto a finales de esta semana, contando con el apoyo oficial de países como Estados Unidos, Australia, Corea, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Se trata de un acuerdo global al que los países pueden unirse de manera voluntaria.

Los primeros borradores datan incluso de 2006, a raíz de reuniones entre Estados Unidos y Japón. Canadá, Suiza y la Unión Europea ingresaron poco después. Los críticos de ACTA no han dejado de remarcar el que la creación de este tratado haya sido encubierta, así como que tampoco tomara en cuenta a la población para desarrollarse. Durante 2008 y 2009 ocurrieron filtraciones que permitieron saber que ACTA tiene cláusulas donde se entiende que los proveedores de servicios de Internet deberán intervenir las comunicaciones de sus usuarios, si se sospecha que alguno está enviando o recibiendo material protegido por derechos de autor. De no hacerlo, los proveedores de servicios de Internet (ISP) podrían enfrentar cargos penales. Esto genera un panorama donde podrían haber claras violaciones a los derechos digitales de los usuarios, así como a la privacidad de las comunicaciones a través de la red.

En 2008, el Parlamento Europeo describió la utilidad y los alcances de ACTA del siguiente modo:

“La proliferación de infracciones contra los derechos de propiedad intelectual supone una amenaza creciente al desarrollo sostenible de la economía mundial. Es un problema de serias consecuencias económicas y sociales. Hoy enfrentamos un gran número de nuevos retos: el peligroso incremento de bienes falsificados (farmacéuticos, comida y bebida, cosméticos o juguetes, autopartes); el auge y velocidad de la reproducción digital; el crecimiento de la importancia del Internet como medio de distribución; y la sofisticación y recursos de los falsificadores internacionales. Todos estos factores han hecho el problema más peligroso y difícil de controlar.”

En esta descripción es evidente el desconocimiento imperante en la ley al igualar el estatuto de productos como un medicamento controlado y una canción en MP3 en términos de falsificación y contrabando. ¿Es que ACTA no ha contado con asesoría especializada en el caso de Internet? De hecho sí: amparados en otro acuerdo internacional sobre transparencia de la información, algunas compañías recibieron copia de los borradores de ACTA, bajo el acuerdo de no darlos a conocer. Las compañías fueron Google, eBay, Intel, Dell, News Corporation, Sony Pictures, Time Warner y Verizon. Se trataba solamente de documentos de carácter informativo: al tratarse de un acuerdo internacional, en realidad no parece haber mucho que la iniciativa privada pueda hacer.

¿Por qué nadie habló de ACTA?

A través de las redes sociales circularon videos y artículos desde hace un par de años relativos a la naturaleza de esta ley, sin que la gente se manifestara muy consciente de su contenido. Si algún mérito tuvo el escándalo de SOPA fue el de alertar a los usuarios de que este tipo de leyes podría afectarlos no importando su país de residencia. Pero ACTA está en un estado sumamente avanzado de desarrollo; como dijimos, comenzó a ser negociado en privado hace por lo menos 5 años, y sus estatutos preliminares ya fueron aprobados en octubre del año pasado. (El texto de la resolución actual se encuentra en español aquí.)

Al menos leyes como SOPA (así como la llamada “Ley Döring” en México, la “Ley Lleras” en Colombia y otras similares en varios países), permitían que los ciudadanos de los Estados ejercieran su derecho a participar en el desarrollo de la ley escribiendo a congresistas y senadores sobre su desacuerdo para apoyarlos. Pero ACTA es un acuerdo internacional descentralizado (aunque su aprobación o desaprobación recae mayormente en el Parlamento Europeo), que no permite dirigirse a una instancia específica para establecer alguna suerte de diálogo entre los legisladores y la sociedad civil. Ha habido comités de asesoría, pero con poca o nula participación de los más afectados: los usuarios.

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